Asesinan en México al ecologista José Luis Álvarez Flores
05 de julio de 2019 - Por Damián Morán
El pasado 11 de junio recibíamos la noticia de que en el municipio de Palenque, México, asesinaban al ecologista José Luis Álvarez Flores. Junto a su cuerpo sin vida se encontraron también notas de amenaza a familiares y ecologistas.
En el año 2012, José Luis Álvarez estableció un área protegida de 345 hectáreas en Chablé, Tabasco enfocada en la conservación de los monos aulladores o saraguatos negros, de la garza tigre y de la iguana verde. Y en el desarrollo de turismo de naturaleza, turismo rural, educación ambiental, capacitación, agricultura, ganadería, acuacultura y forestería sustentables.. Dicha área se denomina "UMA Saraguatos", que significa: "Unidad de Manejo para el Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre".
Además de sus actividades diarias de protección de la vida silvestre, Álvarez había denunciado recientemente la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usamacinta. Denuncias por las que se vio obligado a solicitar protección a las autoridades por las amenazas de muerte que comenzó a recibir.
La protección pedida nunca llegó y Álvarez fue encontrado muerto con cinco disparos en su cuerpo, el día lunes 10 de junio.
El caso de Álvarez se suma a los 125 ambientalistas asesinados en las últimas décadas en México. Pero también a los más de 1000 activistas (ambientales y periodistas) asesinados en el mundo entre 2002 y 2013, según las estimaciones realizadas por la "Plataforma Intergubernamental Científica y Política sobre Diversidad Biológica y Servicios del Ecosistema" (IPBES, por sus siglas en inglés) y presentadas en París en su informe sobre la situación de la biodiversidad mundial.
Hechos como el informado aquí pasan diariamente, incluso cuando los líderes mundiales comenzaron (desde septiembre de 2018) las rondas para la ratificación de un acuerdo de protección ambiental. Este Acuerdo, denominado "Acuerdo de Escazú" (“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”), que fuera sellado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
